Sociedad
Defensa del Consumidor realiza seguimiento a redes sociales para identificar venta de certificados COVID-19 falsos
Los gobiernos municipales establecieron exigir el certificado de vacunas para realizar trámites, más bien deberían de incentivar e informar a la población sobre las “ventajas y beneficios” que significa el vacunarse contra esa enfermedad.
La Paz, 12 de agosto de 2021
El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este miércoles que se realiza el seguimiento a las redes sociales, con el objetivo de identificar la venta de certificados de vacunación contra el COVID-19, falsos, e identificar a los responsables.
“Nosotros por nuestro lado estamos haciendo seguimiento a las redes sociales en las cuales han aparecido estos ofrecimientos de venta de certificados de vacuna contra el COVID-19”, dijo.
Explicó que su despacho recepcionó al menos 11 denuncias sobre la oferta de certificados COVID-19 que estarían siendo comercializados en la ciudad de El Alto; en los municipios de Quillacollo y Cercado del departamento de Cochabamba; y en Santa Cruz, a precios que oscilan desde los Bs 80 a 200.
Silva adelantó que todas las denuncias se están recopilando para entregarlas a la Policía Boliviana, y que a través de la unidad de cibercrimen se realicen las investigaciones correspondientes, y corroborar si son o no verdaderas, además de dar con los responsables.
A su juicio, si bien los gobiernos municipales establecieron exigir el certificado de vacunas para realizar trámites, más bien deberían de incentivar e informar a la población sobre las “ventajas y beneficios” que significa el vacunarse contra esa enfermedad.
Asimismo, recordó que el Plan Nacional de Vacunación impulsada por el Gobierno del presidente Luis Arce establece tres principios fundamentales como son: la gratuidad, la universalidad y la voluntariedad de todas las personas mayores de 18 años.
Señaló que los responsables de estas irregularidades serán procesados bajo los delitos de atentado contra la salud y uso de instrumento falsificado, y que según el Código Penal tiene una pena de seis años de prisión.
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