INRA presenta notificaciones por saneamiento ilegal de 277.000Ha

La Paz, 10 de mayo 2021

El director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez notificó ante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras irregularidades detectadas en el proceso de titulación del predio Laguna Corazón de propiedad del empresario y exministro del gobierno de Jeanine Añez, Branco Marinkovic y de otras 277.000 hectáreas (Ha). El proceso podría pasar a la Justicia Agroambiental.

“Durante ese periodo nefasto para la democracia y para nuestro país, en materia agraria también hemos encontrado aproximadamente 46 predios de medianos y grandes empresarios, principalmente del oriente del país, que de manera irregular pretendían y pretenden apropiarse de tierras que habían sido ya declaradas por el INRA como fiscales”, informó Núñez.

El director del INRA hizo esa revelación en el Taller “Acceso a la Justicia con Enfoque Intercultural” patrocinado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional junto a la dirigencia nacional de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

Núñez detalló que de esas 277.000 hectáreas tituladas ilegalmente en 2020 en beneficio de grandes empresarios, un porcentaje ya había sido declarado como tierra fiscal.

En el caso del predio Laguna Corazón de la empresa agropecuaria del mismo nombre, perteneciente a la familia Marinkovic y asentada en el municipio cruceño de Ascensión de Guarayos, el inicio del saneamiento se desarrolló entre el año 2.000 al 2019, cuando el INRA amparado en la Constitución Política del Estado, reconoció una superficie de 2.274 hectáreas en el marco de sus antecedentes agrarios.

Sin embargo, en 2020 se procedió a reconocer una superficie total de 12.481 hectáreas, afectando al Estado con una superficie de 10.207 Ha.

Respecto a la propiedad Tierras Bajas del Norte, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz, también se observa 27.000 hectáreas saneadas irregularmente y de manera contraria a la norma que establece un máximo de 5.000 Ha. para la titulación individual.

Como en el primer caso, el INRA desde el año 1998 hasta el 2019 se mantuvo en la posición de reconocer la superficie máxima establecida, pero, el año pasado, pasó a reconocer una superficie de 21.839 hectáreas, los que representa una afectación al Estado con una superficie de 16.839, que también debieron declararse como tierras fiscales.

“El INRA solamente encuentra indicios y está obligado por normativa a notificar en este caso al Viceministerio de Tierras para que sea esa instancia la que haga investigaciones y presente las demandas ante el Tribunal Agroambiental, en caso de que corresponda”, acotó.

En caso de que esa cartera de Estado presente la denuncia ante las instancias judiciales, se podrían determinar responsabilidades por parte de exautoridades nombradas por Añez.

El proceso de saneamiento y titulación de la tierra inició en 1998, en ese tiempo un 70% se encontraba en manos de grandes y medianos empresarios y un 30% en pequeños productores.

Actualmente la estructura de la tenencia de la tierra señala que un 15% (13,6 millones de hectáreas) es de propiedad de empresarios, 27% (24,3 mm) son Tierras Comunitarias de Origen, 28% (24,8 mm) son de campesinos e interculturales y un 30% (26,7 mm) corresponde a tierras fiscales.

“En estos 25 años a través del proceso de saneamiento, la estructura de la tenencia de la tierra ha cambiado y eso es algo muy positivo para el país. Se ha democratizado la tenencia de la tierra a través del saneamiento y titulación de 89.485.242 hectáreas (87%), quedando 13.888.275 hectáreas (13%) para ser saneadas”, manifestó el director.

Núñez agregó que de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) el derecho al acceso a la tierra debe darse de manera equitativa y justa, y el Estado debe asegurar la dotación gratuita y colectiva para aquellos sectores que no la poseen.

La autoridad del INRA remarcó que el mandato del presidente del Estado, Luis Arce, es concluir el proceso de saneamiento y titulación en un periodo de tres años, a fin de brindar seguridad jurídica a todos los sectores que trabajan la tierra.