Sociedad
La modernización de la administración de justicia busca dar una respuesta afectiva a la mora procesal y evitar hechos de corrupción
“En este momento (tenemos) una estructura judicial que está en el siglo pasado o hace dos siglos, que sigue transfiriendo la información en papel”, dijo la autoridad.
La Paz, 22 de junio de 2021
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne señaló que la interoperabilidad de la justicia es compatible con la seguridad de los más de 300 mil procesos judiciales que en promedio se registran cada año y que requieren una respuesta estructural con el objetivo de disminuir la mora procesal.
“Hemos sido enfáticos en buscar soluciones estructurales al problema de la demora judicial, tenemos en este momento una estructura judicial que está en el siglo pasado o hace dos siglos, que sigue transfiriendo la información en papel”, dijo
“En esta pandemia hemos visto que no incompatible modernizar los sistemas procesales y la interoperabilidad con la seguridad, con la posibilidad de que tengamos sistema implementados y seguros para que los procesos se desarrollen de manera más productiva y rápida”, indicó Lima.
El titular de Justicia agregó que el proyecto normativo de la interoperabilidad que se encuentra en el Legislativo y complementará la propuesta de la reforma de la ley de lucha contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ambas normas son parte de las medidas estructurales que se impulsan desde esta cartera de Estado en el marco de la Reforma Judicial, explicó.
La autoridad agregó que el proyecto de fortalecimiento a la lucha contra la corrupción, busca dar a jueces y fiscales las herramientas de control de todos los procesos judiciales que hay en el país -más de 300 mil cada año-, y no basarse únicamente en escenarios de castigo.
“Se están planteando medidas eficientes para evitar que el ciudadano que es afectado muchas veces por medidas extorsivas de funcionarios, de oficiales, en estrados judiciales, no tengan una sanción cuando se denuncia oportunamente estas actitudes irregulares”, dijo.
“Es una política estructural de preservar los derechos de la víctima y darle la palabra final en los casos de corrupción”, señaló Lima, entre algunas novedades normativas.
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