Sociedad
Viceministro Silva anuncia acuerdo entre padres de familia y unidades educativas de La Paz por tema pensiones
“Las madres, padres o tutores deberán tener regularizadas sus obligaciones contractuales (pensiones), no siendo un requisito para negar la inscripción del estudiante.
La Paz, 4 de febrero de 2022
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en el marco de sus atribuciones y en calidad de veedor, estuvo presente en las audiencias públicas convocadas por la Dirección Departamental de Educación de La Paz y el Ministerio de Educación en las unidades educativas Don Bosco y Montessori con el objetivo de dar solución al reclamo de padres y madres de familia que no pueden inscribir a sus hijos por mora en pagos de gestiones pasadas.
A estas audiencias se hicieron presentes el director del Servicio Distrital de Educación, Rodolfo Pérez; técnicos de la Dirección Departamental; representantes de la Defensoría del Pueblo; la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop); directivos de ambas unidades educativas; además del viceministro Silva, con el fin de precautelar el derecho a la educación y evitar el perjuicio como usuarios de este servicio.
En ese sentido, se reconoció a través de un acta lo dispuesto por la Resolución Ministerial 003/2022 que establece: “Las madres, padres o tutores deberán tener regularizadas sus obligaciones contractuales (pensiones), no siendo un requisito para negar la inscripción del estudiante”, para que esta manera, en aplicación a la normativa vigente, se pueda establecer un plan de pagos hasta de seis meses, acorde a la situación y realidad de cada padre y madre de familia.
Por otra parte se suscribió el acta correspondiente que indica que no existe motivo alguno para negar o coartar la inscripción y el derecho a la educación en este u otro establecimiento educativo a nivel nacional.
A tal efecto la autoridad manifestó que se realizará el seguimiento correspondiente, constituyéndose en parte coadyuvante ante cualquier reclamo o denuncia con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población estudiantil, como mandato constitucional que debe ser acatado por todo establecimiento educativo privado.
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